El Ejecutivo tiene que pagar finalizando este año al menos unos 3 mil
millones de dólares, no tiene liquidez para ello, si paga usando cualquier
artilugio, la situación económica será mucho peor, si no paga, será igual.
Por Alex
Vallenilla / @alexvallenilla
Entrado el mes de octubre, llega junto a noviembre otro ciclo de pagos
de deuda soberana y corporativa de Venezuela y Pdvsa, respectivamente. Son casi
3 mil millones de dólares en ambos meses los que tiene que pagar la
administración Maduro, la cual llega con grandes dificultades, siendo que la
semana anterior, hubo retrasos para pagar intereses de la misma deuda, por
apenas unos 200 millones de dólares.
El Ejecutivo viene arrastrando serias dificultades para lograr pagar
la deuda soberana, que según estimaciones de analistas financieros y bancos
privados, son al menos unos 9 mil millones de dólares al año en promedio, por
lo menos hasta 2024. Tiene dificultades para lograr renegociar deuda que pudo
haber negociado con respaldo de la Asamblea Nacional (AN), desde que fue electa
en 2015, sin embargo factores radicalizados del PSUV, prefirieron al
confrontación política, para tratar de eliminar al cuerpo colegiado, que ha
tenido respaldo y reconocimiento internacional y que sigue en pie. Con la AN,
mediante acuerdos y negociaciones, la administración Maduro pudo haber logrado
que hubiese habido reestructuración del endeudamiento y esto hubiese tenido un
efecto distinto en la economía, que hubiese evitado que llegue al extremo en
que se encuentra, producto de la falta de divisas, caída del ingreso petrolero
y de la producción interna.
Al contrario, la conflictividad y enfrentamiento político, que también
ha tenido escenarios de violencia en las calles con la ola de protestas que se
ha vivido desde 2014, han profundizado la incertidumbre económica, que ha
disparado la inflación a cerca de 1.000%, ha disparado el dólar sobre los 25
mil bolívares, ha obligado al Ejecutivo a devaluar el bolívar en su marcador
oficial, a recortar las “misiones sociales” y ha creado una depresión económica
que tiene efectos en la población, la cual ha caído en una situación de hambre,
con desnutrición de 70% de la población infantil, muerte por mengua en los
hospitales públicos por falta de medicamentos, insumos, equipos y fuga del
personal especializado, así como el colapso de los servicios públicos, sectores
económicos productivos primarios, secundarios y terciarios. Los salarios no
alcanzan para cubrir una canasta básica de unos 3 millones de bolívares,
mientras los sueldos mínimos están en 325 mil bolívares al mes.
El caos económico ha sido creado porque la administración Maduro,
mantiene una política de sostener con los ingresos petroleros, lo que llaman,
“la revolución”, cuyos ingresos, en su totalidad, no logran cubrir, la demanda
nacional de alimentos, sin tomar en cuenta el resto de gastos del gobierno y de
la población.
Desde que asumió el poder, Nicolás Maduro, no ha dejado de sostener el
envío de recursos a Cuba, que le genera un gasto a Venezuela de al menos 7 mil
millones de dólares al año, por la vía de Petrocaribe y el convenio con los
médicos cubanos. Maduro se ha visto obligado a recurrir a liquidar el
patrimonio de los venezolanos, han vendido oro de las reservas internacionales
y han esfumado lo que había encontrado, esta administración entró con 25 mil
millones de dólares y actualmente tiene apenas 9,8 mil millones de dólares en
reservas. Han recurrido a la venta de activos financieros, como la deuda de
países que se benefician con Petrocaribe, dinero que deben a Venezuela, con
liquidación con descuentos de más de 50%. Han pignorado oro monetario,
volviendo a sacar gran parte del que Hugo Chávez había repatriado, han
endeudado a Citgo, comprometida en 100% en préstamos casi imposibles de pagar
en las actuales condiciones, han estado entregando pozos petroleros y campos a
rusos, chinos e hindúes, a cambio de financiamiento, con alto costo, lograron
hacer un canje de bonos que apenas alivió pagos en 2017, pero que siguen acumulados
para 2018, 2019 y 2020, emitieron una deuda a final de 2016, todavía bajo la
Ley de Endeudamiento de la anterior AN, todavía vigente hasta ese año.
Actualmente es poco lo que tiene por hacer.
La AN actual, ha resistido los embates del oficialismo, que en el
entendido de que éste debe establecer negociaciones y ceder en aspectos
políticos, para lograr tener apoyo para renegociación de deuda, nuevas
emisiones y reestructurar pagos, de modo que la población no viva los efectos
de tal situación y que el gobierno tenga recursos, ha tenido que mantener la
postura institucional, llevar adelante un proceso de restablecimiento de la
legalidad, que el Ejecutivo no permite, amparado en un Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), que fue nombrado por la anterior AN, antes de entregar el poder.
Este proceso ha tenido la participación de la comunidad internacional, la cual,
vela por que el oficialismo respete la Constitución y se mantenga la vigencia
de la AN.
El oficialismo entra en barrena. Actualmente algunos analistas señalan
que se podrá pagar deuda estos meses, aunque con grandes dificultades, otros
extranjeros, señalan que se caerá e impago de deuda. Hasta ahora el
oficialismo, ha sometido al venezolano a sufrimientos extremos, para pagar
deuda, es decir dirigir los pocos recursos que tiene, a cumplir compromisos
financieros, sin tomar en cuenta que el sacrificado es 80% del pueblo, que
atraviesa fuertes penurias en este momento. En todo caso, si logra pagar, las
cuentas serán precarias mucho más para finales de año y principio de 2018,
menos recursos para cubrir el gasto público, importaciones y demás, si no paga,
entra en “default”, que sería otro aspecto que se suma a las sanciones
impuestas ya a Pdvsa y a funcionarios estatales.
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