Reforma constitucional y mega elección: Nueva estrategia en Miraflores

Por Alex Vallenilla

Caracas evalúa una reforma constitucional y una mega elección anticipada, buscando una nueva legitimidad política que pueda flexibilizar las sanciones petroleras de Washington.

Al finalizar las próximas elecciones municipales, Venezuela entra en una veda electoral hasta el próximo 2029, según el reglamento electoral. Es decir, cuatro años sin elecciones. Sin embargo, es altamente probable que este país esté de nuevo en un proceso de mega elecciones en máximo un par de años. Algo parecido a lo ocurrido en el año 2000, cuando se produjo una elección de todos los cargos públicos, basados en la nueva Constitución.

En algunos sectores, intentan negar la posibilidad de que Miraflores y la Casa Blanca mantienen importantes relaciones, en lo subterráneo. Como parte de la narrativa, producto del marketing de algunos actores políticos opositores al gobierno nacional. Hay hechos que hablan por sí solos y es que la continua llegada de aviones con venezolanos que son deportados desde Estados Unidos, revela que la agenda de Richard Grenell, el enviado de Donald Trump, estaría todavía en desarrollo y más vigente que nunca. Detrás de la misma también podría estar latente el tema petrolero y las sanciones.

Lo de Washington

Lo primero que se debe tener claro es que Miraflores y la Casa Blanca, se necesitan uno del otro. En ese sentido, se desarrollan arreglos, como el reciente intercambio de personas presas en El Salvador y en Venezuela. Caracas requiere eliminar las barreras que imponen las sanciones petroleras para mantener el mercado tradicional en los Estados Unidos. Washington necesita del petróleo venezolano, por sus bajos costos operativos. Una muestra de ello es que los reportes de Baker Hughes son cada vez más evidentes. El pasado 19 de julio, las plataformas petroleras activas cayeron a 422, volviendo a mínimos de septiembre de 2021.

La tendencia de la caída de la cantidad de plataformas petroleras activas en Estados Unidos es clara desde octubre de 2014, cuando se registraron más de 1.500. Eso coincidió con el desplome del precio del petróleo, que no pudo sostenerse sobre los 100 dólares, una vez finalizado el programa de inyección de dinero para rescatar a los bancos de inversión quebrados en la burbuja inmobiliaria de 2008.

Actualmente, el precio del petróleo está en tendencia bajista desde junio de 2022 y no se ha podido recuperar. El barril, por debajo del rango entre 80 dólares y 60 dólares, no es rentable para los productores de Estados Unidos. Así que la OPEP+ junto a Arabia Saudita, bombean a todo lo que pueden, lo que les permite recuperar cuotas de mercado. Pero un petróleo a bajo costo es conveniente para la Casa Blanca en las actuales circunstancias. Cuando el presidente Donald Trump requiere que las tasas de interés sean recortadas y así poder emitir deuda a bajos costos. Eso no sería posible con un barril de petróleo sobre los 100 dólares, debido a los efectos inflacionarios, que no permitirían a la FED, proceder con los recortes de tipos.

Una nueva cara política

Por otro lado, Caracas, en medio de las sanciones petroleras, si bien está inserta en una estrategia con China y Rusia para la triangulación del comercio del petróleo venezolano, a través de bancos espejos, sin necesidad de recurrir al uso directo del dólar, tiene como propósito político superar esa situación.

La administración Biden lo intentó y, de hecho, llegó a la “situación ideal” para la Casa Blanca. Si bien Miraflores buscó la fórmula para que el gobierno actual fuese reconocido por la Casa Blanca, a través de un proceso electoral, en 2024, ese objetivo no lo alcanzó. La “situación ideal” es que, a través de las sanciones, Washington mantenía unas licencias petroleras que permitían que Venezuela solamente podía enviar petróleo a Estados Unidos y las que se permitían a Europa a través de ENI y Repsol. Pero el hecho de no reconocer al gobierno venezolano, sirve de excusa perfecta, para mantener las sanciones y con estas, las licencias petroleras. Eso significaba que la producción petrolera venezolana estaba supeditada a decisiones en la Casa Blanca. Pero eso cambió con la administración Trump. Las licencias actuales permiten que Venezuela siga enviando petróleo a los norteamericanos, pero no admiten pago en efectivo, así que PDVSA detuvo las operaciones con Chevron. 

Pero en Caracas hay nuevos movimientos. Se plantea una reforma constitucional que al final va a derivar en un proceso electoral para que los cargos de gobierno sean legitimados acorde a la nueva Constitución. Hay aspectos en lo económico, con las zonas económicas especiales, con el tema electoral y su modelo. Pero entre los más resaltantes surgen propuestas de poner fin a la reelección indefinida de cargos. Esto puede ser visto desde Washington, como un gesto o predisposición a seguir negociando. Es decir, Caracas requiere de nuevas reglas y un nuevo proceso, que pudiera, en un par de años, conducir a una postura distinta y flexibilizar, o hasta eliminar, las sanciones petroleras y financieras, después de un nuevo proceso de mega elecciones. 

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