Opinión: Más de un millón de venezolanos sin garantías civiles en municipios fronterizos / Por @ECO_NOTICIAS

El estado de excepción afecta a una población fronteriza de 3 estados que se calcula en un millón y medio de personas que se encuentran con las garantías suspendidas.

Por Marcial Barrios / @ECO_NOTICIAS

Ya son 3 estados de los 4 fronterizos (Zulia, Táchira, Apure y Amazonas) los cerrandos en el paso fronterizo y que se encuentran sin garantías civiles por la declaración de estado de excepción, lo cual limita las garantías ciudadanas. Esto no sucedía desde el intento de golpe de estado de Hugo Chávez cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez en los años 90 tomó la decisión de aplicar el estado de excepción en toda Venezuela. 

Lo extraño es que ni siquiera cuando el paro petrolero ni cuando el golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez –hace más de una década- se tomaron estas medidas que afectan el libre tránsito, comercio y el derecho a reunirse libremente, así como también le da derecho a las fuerzas militares para entrar en viviendas y detener ciudadanos.

  

A esto se le une un clima diplomático tenso y un par de incursiones de aviones venezolanos en territorio colombiano, lo que le da mayor tensión al conflicto que se originó luego de la movilización hacia la frontera por parte del estado venezolano para “controlar el contrabando y grupos paramilitares” que desde hace unos 12 años hacen vida gracias a los productos subsidiados por parte del gobierno nacional y que se ha convertido en un negocio multimillonario. El militar Francisco Arias Cárdenas, gobernador del estado Zulia, afirmó que “con el cierre de frontera se evita la fuga de 2 millones de litros de gasolina” valorados en más de 2 millones de dólares diarios en Colombia, solo en gasolina. Cabe destacar que estos 2 millones de litros cuestan en Venezuela unos 285 mil dólares calculados a la tasa oficial. Lo que demuestra el tamaño del negocio con ganancias exorbitantes. Sabiendo esta cifra ¿por qué no se detuvo el tráfico de gasolina antes?

El estado de excepción afecta a una población fronteriza de 3 estados que se calcula en un millón y medio de personas que se encuentran con las garantías suspendidas bajo el comando militar que dirija la zona.

Un hecho relevante es que más del 65% de los 19 municipios declarados en estado de excepción son del partido de gobierno PSUV y los 3 estados tienen gobernadores del PSUV. Cabe preguntarse: ¿Cómo después de tanto tiempo y control gubernamental ahora es que se toman las medidas contra el contrabando y el paramilitarismo? 

¿Acaso el control por parte del PSUV no ha sido eficiente?

En medio de toda esta crisis social las negociaciones entre los habitantes de la frontera se encuentra virtualmente paralizadas lo que ocasiona perdidas en millones de dólares y un desequilibrio a las familias que hacen vida entre los dos países.

¿Cuándo se restablecerán los derechos democráticos y civiles en los municipios afectados? Esa respuesta solo la tiene el gobierno nacional que hasta ahora no ha dado fecha en el operativo militar que mantiene la frontera sin paso y sin derechos civiles.