Qué harán Guaidó o Maduro con los trabajadores públicos que quedan

Los asesores económicos de Guaidó invocan al FMI y eso significa austeridad, mientras Maduro aplica políticas extremas austeras también, para evitar caerse

Por Alex Vallenilla / @alexvallenilla

La crisis económica de Venezuela ha golpeado duramente a sus trabajadores públicos, los cuáles en su gran mayoría han desertado y emigrado. Una de las causas de la crisis fue haber hecho que el Estado creciera de la manera que lo hizo debido a las medidas de Hugo Chávez.

En 1999, Chávez consiguió un país con 984 mil empleados públicos, una nómina que ya era grande y que creció 14,5% entre 1989 y 1999, según la consultora ODH. Con Chávez en 15 años la subida de 300%.

Según estadísticas del mismo chavismo/madurismo, la nómina pública subió a 4,9 millones de trabajadores públicos, gracias a una política clientelar. A Chávez le tocaba lidiar con su proyecto político con adecos y copeyanos, a quienes fue incorporando en ministerios y empresas estatales gracias a la subida de los precios del petróleo.

Producido el colapso de Pdvsa, 20 años después, es imposible mantener la nómina estatal.

Quién lo hará

La realidad económica señala que el Estado venezolano tendrá que reducirse, para corregir parte de las distorsiones económicas creadas con las políticas chavistas. Sin ingresos tanto internos, como externos, no es posible mantener sueldos y salarios reales para médicos, enfermeras, maestros, docentes, profesores, policías, bomberos, militares, empleados de la administración pública, de entes regionales y locales.

En este punto se llega a una situación política, en que chocan los planteamientos económicos y el clientelismo político partidista. El momento de poner “el cascabel al gato” se acerca.

Tantos los sectores que se oponen al madurismo, como éste, no dejan claro qué ocurrirá con empleados públicos. El derrumbe petrolero de Venezuela ha dejado al país sin posibilidades de seguir manteniendo un gasto público en términos reales en el futuro, puesto que no sólo ya no se cuenta en su totalidad con la renta petrolera, es que tampoco hay otras industrias no tradicionales funcionando en su totalidad.

La austeridad de lado y lado

Por el lado de los sectores de oposición, depende de la visión que se imponga desde el punto de vista ideológico en un hipotético nuevo gobierno. Desde la visión liberal, el tamaño del Estado debe reducirse y la austeridad sería una norma, pero que poco favor le haría a un país que está devastado económicamente que requiere del gasto público como uno de los motores para salir a flote.

Sostener al actual Estado, en términos reales no sería posible en lo inmediato y pensar que solucionar la crisis de Venezuela, para sostener lo que actualmente hay sobre la base de nuevo endeudamiento, sería “estirar la arruga”. Aunque en las propuestas de cambio que se plantean desde los asesores de Juan Guaidó, está acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), que significa austeridad.

Se supone que el Estado daría un giro para motorizar y abrir las inversiones privadas. Esto ayudaría a entender que el trabajador público tendrá que migrar a un sector privado que estaría en crecimiento, dadas las actuales condiciones.

En todo caso, a un nuevo gobierno le toca reducir la nómina pública, es decir producir despidos y no hay políticos que se atrevan a tocar ese punto, puesto que actualmente son cerca de tres millones de votos.

Austeridad atroz del madurismo

Por el lado del chavismo/madurismo, que resiste ser derribado con la acción Trump-Guaidó, ha venido implementando una reforma económica muy cruda. Maduro ha adoptado una agresiva política de austeridad, mucho más severa incluso que la visión liberal o neoliberal, un ejemplo de ello es la dura norma del encaje legal aplicada a los bancos venezolanos.

Por sólo citar un ejemplo, recientemente, un banco dio un préstamo a un pequeño empresario, por 90 días y de comisión flat el prestatario debió pagar 30% del monto que recibió. Un sistema sólo para los más ricos. Así la economía sólo podría comenzar a recuperarse muy lentamente pero de manera muy despiadada contra los menos pudientes.

Maduro ha comprendido, en medio de ese pragmatismo que ahora ha asumido, que el Estado es muy grande y demasiado ineficiente y es el gasto más significativo que ha tenido desde que ejerce el poder. Su política de austeridad extrema, como si ahora fuera de derecha, ha obligado a los trabajadores públicos a abandonar sus puestos de trabajo.

Sólo como una consigna hueca ha quedado aquello del “presidente obrero”.

Otros, que se implican en temas políticos, terminan despedidos y hasta encarcelados.

Los trabajadores públicos de Venezuela no logran ganar más de seis dólares al mes y eso los obliga a abandonar sus puestos. Aunque el desorden administrativo por falta de contraloría sigue, en muchas gobernaciones, que ahora lucen abandonadas, las nóminas siguen altas, el personal se ha marchado y la mayoría continúa recibiendo sus devaluados salarios.

Según la consultora ODH, sólo quedan 2,8 millones de trabajadores públicos, el resto ha huido de Venezuela para alejarse del hambre, el caos, la escasez, enfermedades y el colapso general del país.

El dilema

Los que quedan viven con la incertidumbre sobre si perderán sus empleos porque la crisis económica los obliga, o se quedan resistiendo, para finalmente igual tener que dejar sus puestos, producto de las políticas de austeridad que blanden ambos bandos políticos.