viernes, 27 de febrero de 2015

Informe Anual de Amnistía Internacional 2015, Capítulo Venezuela Por @amnistia

Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar protestas. Decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y vieron negado su acceso a abogados y médicos. Se denunciaron torturas y otros malos tratos a manifestantes y transeúntes. Se siguió utilizando el sistema judicial para silenciar a quienes criticaban al gobierno. Las personas que defendían los derechos humanos fueron objeto de intimidación y ataques. Las condiciones de reclusión seguían siendo duras.

INFORMACIÓN GENERAL
El primer año de mandato del presidente Maduro estuvo marcado por un creciente descontento. Entre febrero y julio de 2014, Venezuela se vio sacudida por protestas multitudinarias a favor y en contra del gobierno en diversas zonas del país. Los manifestantes antigubernamentales y algunos líderes de partidos de oposición que pedían la dimisión del presidente fueron acusados de intentar derrocar al gobierno.

LIBERTAD DE REUNIÓN
Al menos 43 personas perdieron la vida y más de 870 resultaron heridas –entre manifestantes, miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes– durante las manifestaciones multitudinarias a favor y en contra del gobierno que tuvieron lugar entre febrero y julio. Se tuvo noticia de violaciones de los derechos humanos y enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad y grupos armados favorables al gobierno.

Más de 3.000 personas fueron detenidas en el contexto de las protestas. La mayoría fueron acusadas y puestas en libertad al cabo de unos días. Al finalizar el año, más de 70 personas que habían participado en las manifestaciones continuaban detenidas en espera de juicio.

Preocupaba el hecho de que un fallo dictado en marzo por el Tribunal Supremo de Justicia, que establecía que cualquier protesta debía contar con una autorización previa, pudiera comprometer el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. 

Uso excesivo de la fuerza
Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar protestas. Entre las medidas desplegadas figuraron el uso de munición real a corta distancia contra personas desarmadas, el uso de armas de fuego y materiales antidisturbios inadecuados y manipulados, y el uso de gas lacrimógeno y balas de goma en espacios cerrados.

Por ejemplo, en febrero, la estudiante Geraldín Moreno murió tres días después de recibir en un ojo el disparo de una bala de goma a corta distancia durante una manifestación en Valencia, estado Carabobo. Varios agentes de la Guardia Nacional fueron acusados en relación con su muerte y, al finalizar el año, se hallaban en espera de juicio. Ese mismo mes, Marvinia Jiménez fue golpeada por guardias mientras filmaba una manifestación en Valencia, y fue acusada, entre otras cosas, de obstruir la vía pública y alterar el orden. Al terminar el año, todavía no se había hecho efectiva la orden de arresto contra la agente responsable de la paliza. En abril, John Michael Ortiz Fernández, de 16 años, se hallaba en el balcón de su casa en San Cristóbal, estado Táchira, cuando un agente de policía le disparó una bala de goma; el impacto del proyectil le quemó la retina del ojo izquierdo. El caso estaba siendo investigado al finalizar el año.

Detención y reclusión arbitrarias
Decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente durante las protestas que se desarrollaron entre febrero y julio. A muchas se les negó el acceso a asistencia médica y a un abogado de su elección durante las primeras 48 horas de su detención antes de comparecer ante un juez.

El abogado Marcelo Crovato y el defensor de los derechos humanos Rosmit Mantilla fueron detenidos en abril y mayo, respectivamente, en relación con las protestas. Más de ocho meses después de su detención, permanecían en prisión preventiva, pese a la ausencia de pruebas sólidas que respaldaran los cargos en su contra.

Tortura y otros malos tratos
La tortura y los malos tratos seguían suscitando preocupación, pese a que hubo ciertos avances atribuibles a la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 2013.

El estudiante Daniel Quintero fue golpeado y amenazado con ser quemado vivo mientras estaba bajo custodia. Lo arrestaron cuando regresaba a su casa tras participar en una manifestación contra el gobierno celebrada en febrero en Maracaibo, estado Zulia.

Al finalizar el año, proseguía la investigación sobre las denuncias de tortura.
Al menos 23 personas fueron detenidas el 19 de marzo en una operación conjunta de la Guardia Nacional y el ejército en Rubio, estado Táchira. Mientras se encontraban bajo custodia recibieron patadas, golpes y amenazas de muerte y de violencia sexual. Todas las personas detenidas, hombres y mujeres, permanecieron recluidas varias horas en la misma habitación con los ojos vendados. Podían oír cómo eran golpeadas las personas que tenían al lado. Al menos a una de las personas detenidas la obligaron a mirar cómo otra recibía una paliza. A Gloria Tobón la empaparon con agua y le aplicaron descargas eléctricas en brazos, pechos y genitales. La amenazaron y le dijeron que la iban a matar y a enterrar en pedazos. Al finalizar el año, la investigación sobre las denuncias de tortura no había concluido.

Wuaddy Moreno Duque fue detenido en febrero en La Grita, estado Táchira, por agentes de la Guardia Nacional que lo golpearon, lo quemaron y lo acusaron de participar en las protestas. Él y su familia han sido objeto de intimidación después de presentar una denuncia formal.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron siendo objeto de ataques.Por ejemplo, dos integrantes del Observatorio Venezolano de Prisiones sufrieron amenazas e intimidación en varias ocasiones. El 12 de abril de 2013, Marianela Sánchez y su familia recibieron una amenaza de muerte anónima. Marianela presentó una denuncia, pero al concluir el año las autoridades no habían iniciado una investigación efectiva sobre la amenaza ni habían proporcionado las medidas de seguridad necesarias y acordes a los deseos de la familia.

Las autoridades intentaron en repetidas ocasiones desacreditar la labor de derechos humanos realizada por Humberto Prado, y lo acusaron de estar implicado en actos violentos durante las protestas y de conspiración para desestabilizar al gobierno y al sistema penitenciario.

SISTEMA DE JUSTICIA
El sistema de justicia estaba sujeto a injerencias gubernamentales, especialmente en los casos que implicaban a personas que criticaban al gobierno o de las que se consideraba que actuaban en contra de los intereses de las autoridades.

Por ejemplo, la jueza María Lourdes Afiuni Mora –que había sido detenida en diciembre de 2010, horas después de ordenar, en una decisión censurada públicamente por el ex presidente Chávez, la puesta en libertad de un banquero acusado de corrupción– estaba en espera de juicio al finalizar el año. Había sido puesta en libertad bajo fianza en junio de 2013 por razones humanitarias.

Leopoldo López, líder del partido de oposición Voluntad Popular, permanecía recluido a pesar de la falta de pruebas que respaldaran las acusaciones en su contra, unas acusaciones que parecían obedecer a motivos políticos. Se enfrentaba a cargos de incendio y daños, en carácter de determinación, instigación a delinquir y asociación para delinquir, castigados con hasta 10 años de prisión.4 En agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria afirmó que su detención había sido arbitraria e instó a que se le pusiera en libertad.

El Grupo de Trabajo de la ONU también pidió la liberación inmediata de Daniel Ceballos, miembro de Voluntad Popular y alcalde de San Cristóbal, estado Táchira. Daniel Ceballos había sido arrestado en marzo y permanecía en espera de juicio acusado de rebelión civil y agavillamiento (conspiración para delinquir) en relación con las protestas antigubernamentales de febrero.

JUSTICIA INTERNACIONAL
En septiembre de 2013, tras denunciar el año anterior la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Venezuela dejó de someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A consecuencia de ello, las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares dejaron de poder recurrir a la Corte Interamericana cuando el sistema de justicia venezolano no garantizara sus derechos.

IMPUNIDAD
La impunidad seguía siendo motivo de preocupación. Las víctimas y sus familias fueron objeto de amenazas y ataques.
Por ejemplo, apenas hubo avances en las investigaciones y los procedimientos judiciales relacionados con los homicidios de los miembros de la familia Barrios en el estado Aragua. La familia Barrios había sufrido amenazas e intimidaciones durante casi dos decenios por reclamar justicia. Diez miembros de la familia habían muerto entre 1998 y mayo de 2013 en circunstancias que apuntaban a la implicación de miembros de la policía. Sólo en un caso, el de Narciso Barrios, dos agentes fueron condenados.

Otros miembros de la familia habían padecido intimidaciones y ataques de la policía, pese a las medidas de protección otorgadas a la familia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2004 y, más recientemente, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.6 Al concluir el año, no se sabía si se habían iniciado investigaciones sobre alguna de las denuncias de actos de intimidación perpetrados por la policía.



CONDICIONES DE RECLUSIÓN
A pesar de las reformas del sistema penitenciario, las condiciones de reclusión seguían siendo duras. Seguían suscitando preocupación la falta de atención médica, alimentos y agua potable, las condiciones insalubres, el hacinamiento y la violencia en las prisiones y las comisarías. En los enfrentamientos en los centros penitenciarios seguía siendo habitual el uso de armas de fuego.

Durante el primer semestre del año las organizaciones locales de derechos humanos denunciaron 150 muertes en prisiones y siete bajo custodia policial.

En noviembre, dos reclusos murieron y al menos ocho resultaron heridos cuando las fuerzas de seguridad intervinieron para poner fin a un motín en la cárcel de San Francisco de Yare, estado Miranda, en protesta por las duras condiciones de reclusión y los malos tratos a los presos.

En septiembre, después de tres años y varios retrasos en trasladarlo a un hospital para evaluar sus necesidades médicas, un tribunal concedió permiso al ex comisario de policía Iván Simonovis para recibir tratamiento médico bajo arresto domiciliario. Según la información recibida, padecía varios problemas de salud causados por las condiciones en las que había permanecido recluido.

Informe completo aquí: http://v.aiven.org/air15-vzla

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