Por Carlota Salazar Calderón / @carlotasalazar
El Presidente Maduro prorrogó por 60 días más el Decreto de Emergencia Económica, siendo ello improcedente porque ese decreto no tiene prórroga, y como si eso fuera poco, dictó Estado de Excepción para “afrontar la crisis”, cuando la real crisis es que él está gobernando.
Este nuevo golpe de Estado constitucional, responde a la imposibilidad que tiene el gobierno para resolver los problemas de los venezolanos, pretendiendo someternos al mando del ala militar para que abuse y atropelle nuestros derechos ciudadanos, en especial la protesta.
En efecto, se agudiza el abastecimiento de alimentos y medicinas y el suministro de energía eléctrica y de agua, por supuesto la gente saldrá a las calles protestar masiva y desesperadamente. Dando lugar a hechos como los ocurridos en el Paraíso de Puerto La Cruz este martes pasado de gente protestando porque tenían más de 10 horas sin luz, protesta aplacada con la detención de 4 jóvenes, pesos por ejercer un derecho constitucional y así en todo el país.
Pero este gobierno en lugar de buscar una salida digna a esta crisis, decide, huir hacia adelante y, abrir un frente antimperialista, anti invasión, anti Uribe… anti todo, que le permita confrontar, en una pelea de sombra contra los venezolanos que sufrimos la peor crisis de la vida política venezolana.
El artículo 337 (CRBV) establece que el presidente en consejo de ministros podrá decretar los estados de excepción. Pero también califica cuales se consideran como circunstancias, para tal decreto: “…de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos, para lo cual las facultades que ya se tienen resulten insuficientes, para enfrentar tales hechos y necesiten más.
En tal caso, podrán ser restringidas las garantías individuales, es decir, las económicas, de vida, debido proceso e información. Pero este decreto deberá ser presentado dentro de los ocho días de haber sido dictado a la Asamblea Nacional, para su consideración y aprobación y a la Sala Constitucional, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad.
Además este 339 (CRBV) establece que el decreto deberá cumplir con las exigencias de los pactos internacionales suscritos por el país. Y será revocado por la misma Asamblea Nacional antes del lapso, cuando hubieren cesado las causas que lo originaron.
Ahora bien, sr. Presidente, todavía no ha sido aprobado ese decreto, por lo tanto no está en vigencia. Lo que menos necesita la sociedad venezolana es un decreto y lo que sí necesita es el diseño de políticas públicas acordadas con los sectores productivos, para producir y poner en marcha la economía.
Para eso no necesitamos ser antiimperialistas, sino, realistas. Intervenir empresas, paradas por falta de insumos, y entregarlas a los consejos comunales, es la peor decisión que puede tomarse. ¿Es que acaso los consejos comunales son empresas? ¿Tienen la pericia para ponerla a producir? Realmente este decreto tienen nombre y apellido: Empresas Polar a la cual el gobierno le ha negado los dólares para importar los insumos para su producción, hace que se paralice y luego la intervienen, ¡¡¡qué barbaridad!!!…pero la gente no permitirá que lo segundo ocurra y esto es una sentencia.
Lo que no entiende el Presidente es que el problema no es Lorenzo Mendoza, a quien quiere liquidar, no, el problema es una sociedad que está pasando penurias que saldrá a reclamar el atropello, tanto el cometido contra empresas Polar, como los cometidos contra ellos mismos, cuando pasan horas sin luz, cuando ven morir a su hijo por falta de medicamentos o no tienen con qué comprar comida.
Sr. Presidente no se pude tapar el sol con un dedo, en este caso con un decreto. La gente va a protestar con o sin decreto y eso sólo lo puede parar que Usted RENUNCIE, abandone la presidencia o se le dé una vía de escape a la sociedad a través de REVOCATORIO.
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